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HAY QUE EMPEZAR A RECUPERAR LA COSTA VERDE

Instituto Peruano de Administración Municipal: 9729-4600 9694-3791 / Teléfono 511 (348-8680) Fax (511) 348-8640

Marco Tulio Gutiérrez (*)

Faltan pocas semanas para que las autoridades elegidas en las pasadas elecciones de noviembre se hagan cargo de la Municipalidad de Barranco. Además de los problemas que aquejan a toda administración municipal, como son la mejora de la limpieza pública, el mantenimiento de las áreas verdes, reducir la inseguridad ciudadana, en el caso de Barranco, al lado del ruido de las discotecas, peñas, pubs que soportan sus vecinos ante la insensible ausencia de autoridad municipal, las miradas de Lima estarán puestas en cómo se resolverá finalmente la irregular ocupación de sus playas.

Esto debe ser así, porque sin lugar a dudas la Costa Verde es el último gran recurso natural de utilización masiva de la Ciudad de Lima, y buena parte de las playas de Barranco han quedado parcialmente vedadas al uso público por las construcciones de supuestos “complejos turísticos”, gracias a concesiones que la Contraloría General de la República ha encontrado que fueron otorgadas sin cumplir los requisitos que la ley establece para este tipo de inversiones privadas, amén de la ilegal ocupación de áreas de indiscutible uso público, pese a que el Plan Maestro de la Costa Verde aprobado desde 1995 previó que toda construcción de los complejos turísticos se efectuaría sobre espigones.

Debe serlo, igualmente, para que se den señales claras de que la inversión privada, sea de nacionales o extranjeros, es bienvenida pero siempre que se efectúe de acuerdo con la Ley, tanto por parte de los dueños del capital como de las autoridades que deben otorgar las autorizaciones y licencias correspondientes.

Toda edificación que se efectúe sin la licencia municipal de construcción, o que contando con ella, no se realiza de acuerdo a los planos que ella ha aprobado, tiene que ser demolida por mandato municipal, efectuada por los mismos infractores o por la Ejecutoría Coactiva correspondiente en caso de renuencia de los mismos, quienes además tienen la obligación legal de asumir los costos que tales demoliciones demanden.

Una construcción en la playa dentro de la franja de 50 metros de ancho que corre paralela a la línea de alta marea, definitivamente no debió haber contado con una licencia de construcción, por lo que su otorgamiento es un acto administrativo nulo, que por el transcurso del tiempo solamente puede ser declarado como tal judicialmente, por medio de un proceso contencioso-administrativo que deberá emprender la nueva Administración Municipal de Barranco. Pero acá no solamente se trata de construcciones ilegales, sino que hay concesiones otorgadas irregularmente, sin respetar los procedimientos conforme se desprende de la más reciente resolución de la Contraloría, las que además de las acciones penales ya emprendidas, deben ser complementadas por la decisión de las nuevas autoridades para obtener la declaración judicial de nulidad de tales concesiones en la Costa Verde.

El desenlace de estos procesos judiciales de nulidad, que no será otro sino la recuperación de las playas para el irrestricto uso público, con toda seguridad, -y derecho, aunque suene discutible-, acarreará demandas indemnizatorias contra la Municipalidad de Barranco por las inversiones que han efectuado, sea por la nulidad de la licencia de construcción y/o por la nulidad del contrato de concesión. En previsión de ello, las nuevas autoridades tienen la obligación de emprender las medidas cautelares que permitan que las actuales autoridades respondan con su patrimonio personal las indemnizaciones, pues no sería justo que los vecinos de Barranco, con cargo a sus tributes, terminen financiando el comportamiento irregular de sus autoridades.

Como todo esto es muy claro, al menos jurídicamente hablando y para el sentido común de cualqueir vecino, no pueden dejar de preocupar las recientes declaraciones del alcalde electo de Barranco respecto a las ilegales construcciones en las playas de su distrito. Señala que va a “formar una comisión mixta de regidores y vecinos que revisará todas las concesiones” y que “esta Comisión básicamente se dedicará a sacar a la luz todas las irregularidades” de las mismas. Es decir, que se ocuparán inútilmente tiempo y recursos humanos para volver a estudiar lo que ya la Contraloría ha estudiado en profundidad y que ha dado lugar a tres acciones penales, y para decirnos lo que todos los vecinos de Barranco y demás usuarios limeños de las playas, ya conocemos. Es decir, de que hay construcciones ilegales que demoler y concesiones cuya nulidad debe ser emprendida de inmediato si es que realmente queremos recuperar la Costa Verde.

(*) Especialista en Derecho Municipal y Director del IPAM (Instituto Peruano de Administración Municipal)

INFO DE APOYO

– “Complejo Turístico Playa Barranquito”. La Resolución de Contraloría N1 176-2006- del 5 de junio señala que se ha efectuado edificaciones en área de uso público y autoriza a su Procurador Público a denunciar penalmente a las autoridades de Barranco por los delitos de .falsedad y de autorización de actividad contraria a planes y usos

– Complejo Deportivo Sport Point, en la playa Las Cascadas. La Resolución de Contraloría Nº 210-2006 del 14 de jjulio del 2006, señala que la concesión fue otorgada sin cumplir con los requisitos de ley y autoriza a su Procurador Público a denunciar penalmente a las autoridades de Barranco por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
– “Playa Las Sombrillas Complejo Turístico. La Resolución de Contraloría Nº 327-2006 del 2 de noviembre del 2006, señala que la concesión fue otorgada sin cumplir con los requisitos de ley y autoriza a su Procurador Público a denunciar penalmente a las autoridades de Barranco por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La Costa Verde se fue de plan

Estas obras que se quieren terminar corriendo, además de ser un desastre estético y ambiental, son un desastre ético y ciudadano. Y agreden a los bañistas, pese a haberse dado la palabra de que se van a parar (todos se lo oímos al alcalde Castañeda, así como a Del Pomar). Cuentos.
Las obras son también ilegales por hacerse en verano, contraviniendo ordenanzas metropolitanas y una penosa parodia de la fe pública. Y violan la misma ley y el mismo plan de la Costa Verde, cuyo amparo invocan. Cojudeos.
Trataré de ser objetivo más allá de la indignación legítima que comparto con muchos que apoyan y suman a lo que aquí se publicó a doble página en octubre y, nuevamente, en enero, moviendo a prensa, líderes de opinión y políticos.
En el Plan Maestro de la Costa Verde al establecer la Imagen-Objetivo se dice que todo desarrollo (cito textual) ” .debe estar integrado al área urbana metropolitana y brindar a su población facilidades.”, “. debe haber estrictos criterios de respeto al orden ecológico. óptimas condiciones de salubridad.”. Y al precisar los Objetivos Generales establece mantenimiento del uso irrestricto de sus playas “para fines de recreación pública y masiva”, ” recuperación y preservación de su paisaje natural y medio ecológico, revirtiendo los procesos de contaminación de su mar, playas y acantilados”.
Aquí hacen todo lo contrario. Desintegran el litoral, no se dirigen a la población sino que le quitan lo que tenía, atentan contra la ecología, generan restricciones graves de uso, niegan la recreación pública y masiva, y agudizan la contaminación. Todo al revés.
Además, si contrastamos los proyectos en obras con los planos que explican el llamado plan, las contradicciones son obvias. En el plan, tanto en planos de planta general como de secciones transversales, la costa se organiza a partir de acantilados.
Y esto es así porque solamente con ellos es que se puede ganar las áreas de playas abiertas que son obligatorias, ya que el plan y la ley hablan de “.la franja intangible de 50 metros de uso público irrestricto, de acuerdo con el artículo 21 del reglamento de ley No 26306” .
Es elemental entender que, ya que hay menos espacio que esos 50 metros mínimos de ley, toda obra solamente podrá hacerse a partir del acondicionamiento territorial de los espigones.
Solamente habrá 50 metros si hay espigones y, por lo tanto, solamente se puede concesionar después de que haya espigones. Resulta írrito concesionar sin esta obligación, como se ha hecho.
Además, los espigones no se hacen de uno en uno porque no sirven para nada. El manejo de las fuerzas del mar requiere de seriedad y no de temeridad e irresponsabilidad, pues todo cambio genera desplazamientos y puede socavar otras áreas, por lo cual lo que hay que hacer es un acondicionamiento territorial del conjunto. Nada de esto está ni se prevé, sino que se ha hecho este remate apurado que pondrá en riesgo de inundación recintos y usuarios. ¿Defensa Civil ha opinado?
Peor aun, se ha dado certificados de compatibilidad a pesar del flagrante incumplimiento. Y es así que, pese a que en el proyecto del restaurante de cinco tenedores-discoteca-centro de recepciones, el informe técnico de la Autoridad Autónoma constata que el proyecto no presenta malecón debiendo hacerlo, y que para hacerlo sería necesario ganar terrenos al mar, además de que tampoco cumple con la sección vial; el citado informe solamente recomienda que el espigón forme parte, llegando a decir que “se trata de la estructura que le permitirá ganar terreno al mar.”.
Cómo así lo indispensable solamente es materia de recomendación. Cómo se valida lo que contraviene expresamente la norma que generaría derecho.
Creí, y así me fue dicho, que la autoridad había sido sorprendida, pero no se hace nada pese a estos abusos.
En este desastre, todos somos ciudadanos sin ciudadanía, pues hacen con nuestra ciudad en su litoral lo que les da la gana, contra la ley, la inteligencia, la información y la seriedad más elementales. Debe detenerse la obra y reformularse todo el proceso.
La Autoridad Autónoma de la Costa Verde y el alcalde de Lima, ante el clamor ciudadano, tienen su última oportunidad hoy mismo.

En opinión del arquitecto y urbanista, el litoral de la Costa Verde está en remate sin información ni consulta a los ciudadanos, y con la anuencia y promoción de los alcaldes.

El litoral no son lotes privados
Un feo bloque de hasta tres pisos ya se puede ver detrás de un cerco plástico de centenares de metros en Barranco, al lado de la bajada de Armendáriz en el litoral. Se suma así a un largo tramo ciego (restaurante, comandancia de policía.) y patentiza la amenaza de que los ciudadanos de Lima nos quedemos casi sin playa y sin la vista al mar que siempre tuvimos, sin recursos y derechos que son públicos y que, ahora, entre confusas explicaciones, servirán para rentabilizar algunos negocios privados.
Lo privado entendido como anulación de lo público, y no como aliado, a contracorriente de las recetas de éxito en todas partes (Puerto Madero en Buenos Aires, el malecón en Guayaquil, el frente del mar y las playas recuperadas en Barcelona, el río Mapocho en Santiago, las playas de Río). Como enclaves para esa limeña y cortesana exclusión social, como tantas discotecas cuyo inaceptable olor a apartheid tiene la coartada de lo privado.
Y, además, sin calidad ni pertinencia estéticas, como banales eventos exhibicionistas. Pues hay arquitecturas para costa, y estas no las son. No se han enterado de que hay cómo conseguir trasparencias y diálogos con el paisaje, y trasladan al mar la banalidad de lo puramente comercial y suburbano. En una ciudad que tuvo tan buena arquitectura costera y tanto valor grato en lo público (La Punta, La Herradura, los baños de Miraflores y Barranco). Que tuvo parques, malecones, espacios públicos.
Pero, claro, se necesita valorar lo público, lo de todos. Y eso hoy, tristemente, parece pedir demasiado. Cada uno a la suya; lo de todos es de nadie o del primero que se lo agarre, con o sin derecho, con o sin explicaciones.
Entonces, el litoral está en remate, al parecer. Sin información ni consulta elementales a los ciudadanos a la medida de una decisión de tal significado. Y con anuencia y promoción casi comercial por autoridades distritales elegidas cuya primera misión debería ser representar a esos ciudadanos y cuidar sus bienes y patrimonio, físico y ambiental. Y lo grave es que todo está alentado por funcionarios que responden a la confianza del alcalde metropolitano. Y que no han informado oportunamente al Concejo pese a requerimientos reiterados, sino cuando ya se trata de hechos consumados.
Esto se hace y pretexta revalidando que lo que ya pasó antes estuvo bien y que así se hace ciudad. Que lo que pudo ser mal decidido hace más de diez años, en plena grave crisis económica, cuando además teníamos un Estado colapsado y no había inversionistas ni ahorros, obliga y debe seguir hoy, pese a que los proyectos sean erróneos y sus derechos ya no rigen.
Recordemos que hace unos diez años se entregó en remate suelo público para proyectos tan absurdos y poco responsables en su urbanismo como el hasta hoy inutilizable Estadio Monumental de la “U”, que pese a su enorme inversión y a la confianza e ilusión que le pusieron los hinchas, puede servir, aunque con congestiones de tráfico, para conciertos de Floricienta pero no para partidos importantes de fútbol, porque el proyecto se hizo sin atender al hecho elemental de que no hay estadio en el mundo que no comience por diseñarse en función de accesos y evacuaciones. Y, en el Monumental, las barras contrarias tienen que ser de patas porque todos entran y salen juntos, delante de barrios cuyas ventanas renuevan sus vidrios cíclicamente.
O cuando se edificaron en el litoral artefactos como ese búnker de nombre Costa Linda. Y se decidió desaparecer La Herradura y el Morro Solar, bombardeándolos de edificios. De entonces data un mal llamado Plan de la Costa Verde, que ni es verde, ni es plan, ni trata el tema de la costa.
Pues es principalmente una simple lotización. No propone un esquema de conjunto, no establece lineamientos para manejar la línea de marea y extender las playas, no tiene una pauta vial clara; tampoco conceptos de accesibilidad o medio ambiente, y no garantiza que no se repita varias veces el descalabro que significó el empedramiento de La Herradura, por una acción aislada que desmontó el equilibrio natural.
A la autoridad de la costa parece no interesarle ni competerle que nuestra llamada Costa Verde en la realidad es o marrón o color asfalto y que en ella no hay ni malecones, ni veredas, ni árboles, ni iluminación, ni paraderos, ni normas, ni seguridad, ni escaleras en buen estado, ni señalética, ni actividades. Ni plan.
Y ahora no habrá nada de todo lo anterior, pero sí algunos negocios que se quedarán veinte años tapando el mar.
Cuando se informó al Concejo de Lima que se constituía la autoridad de la Costa Verde, pedimos que la primera e imprescindible tarea debía ser cambiar ese plan de lotización por uno de desarrollo y establecer una nueva visión y una propuesta actual.
E informarlo al Concejo Metropolitano y a la sociedad. Y es por la prensa que se da cuenta de que, por presuntas insuficiencias económicas y falta de aportes distritales, esta tarea elemental y previa de un plan actual no se ha hecho. Pero ya se entregó suelo público y suponemos que licencias, ya que hay obras. Y se ha entregado derechos (si es que los hay, ya que importantes juristas lo cuestionan) por nada menos que veinte años. Lo cual impedirá ordenar la costa cuando haya un plan serio, que se dice que ya viene pero no se hace. Y así no hay quien apoye el indispensable plan del litoral, pues solo será un tardío inventario de despropósitos e improvisaciones con las elecciones cerca.
Una generación tendrá ante sus ojos, en vez de ese mar de todas las generaciones anteriores, estas piezas mediocres de ningún rompecabezas. Pero para vendernos esto hay un folleto municipal barranquino que nos ofrece un Miami de tercera categoría como futuro, abundando en cuentos como que las playas seguirán abiertas y todos seremos felices viendo cómo se bañan, cómo pasean en bote de vela y cómo consumen quienes libremente disfrutan de locales de cinco y cuatro tenedores.
Un Barranco que mandaría a Martín Adán al asilo, que no sabe quién diablos fue ese tal poeta José María Eguren ni cuál es la gracia de la Bajada, del puente de Chabuca, del funicular o de la ermita. Un Barranco “para gente como uno”, hermanada en el espacio del litoral a esos inefables delfines, a esos chorritos iluminados de agua color chicle de menta que han convertido un puente en torta y a esas estatuas tan aeropuerto de Miami que en Chorrillos dan la hora y seducen novias.
Y hay también un video municipal, esta vez de la autoridad metropolitana, que nos ofrece una Costa Verde modelo ya no ya. Torres de departamentos de lujo dan el inicio de una desafinada sinfonía en género huachafo exquisito, superando los anteriores logros de esta ciudad que inventó la palabra. Los acantilados brillarán, y a lo largo, como gemas de ónix, habrá de todo como en botica, dejando ver de vez en cuando el mar. Restaurantes de lujo, exclusivas canchas deportivas, espigones donde tomarse fotos y, seguramente, muchísimos guachimanes uniformados de esos de discotecas.
Y por si faltase quién lo promueva ahora, se suma a su elogio una novísima Facultad de Arquitectura que ha convertido este tema en su manifiesto neoliberal, y en páginas enteras de periódico anuncia que va a formar arquitectos que sean verdaderos negociantes, y que conviertan ese viejo litoral de todos en complejos hoteleros para los que tengan plata.
Ante esta pesadilla prometida con entusiasmo, y ante el absurdo de que el Concejo Metropolitano no tiene vela en este entierro (ni en ninguno), lo deseable sería que nuestras autoridades con poder asuman su responsabilidad y no la transfieran si va a servir para recalentar esperpentos. Y que esto se detenga y reordene desde la Alcaldía, como cuando Andrade detuvo el despropósito mafioso de la Luchetti, que tantos defensores y ambivalencias tuvo en su tiempo, aunque ahora muchos lo olviden.
La metrópoli, en la persona y autoridad del alcalde Luis Castañeda, cuya voz no se ha oído, y cuyo sentido de responsabilidad la ciudadanía aprecia y reconoce, debe defender otra idea y otro tipo de responsabilidad con un bien público irrenunciable, el litoral, que se debe desarrollar con plan y proyectos que merezcan ese nombre, donde lo público sí se valore y defienda, y no con estas improvisaciones. Es exactamente el caso de las escaleras que Castañeda ha desarrollado, que dignifican, revaloran y consolidan el espacio público. Y sentido de solidaridad, de lo que es y debe ser de todos. Y eso es el litoral, cuyo abandono por culpas municipales compartidas no justifica sacarlo a remate. Y menos tan barato y tan mal.
Además de ser un error de ética y de estética, lo es de sentido empresarial. Recuperar el valor de lo público, además de generar ciudadanía y dar seguridad, es también la base para multiplicar mejores negocios privados, que lo son cuando se alían con lo público y no cuando conspiran contra los derechos de todos, fabricando chiringuitos oportunistas.
El espacio público es eso que dice su nombre y no una mercancía de cambio y libre disposición. Nuestro litoral no son lotes.

Denuncias sobre irregularidades avanzan a paso lento

Las irregularidades encontradas por la Contraloría General de la República en el proceso de adjudicación de las concesiones otorgadas por la administración del otrora alcalde de Barranco, Martín del Pomar, en favor de empresas privadas, aún no son resueltas por el Poder Judicial.
En el Ministerio Público y el Poder Judicial, organismos que ahora tienen la tarea de una efectiva administración de la justicia, el proceso avanza a paso lento.
La intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial ha de determinar las responsabilidades penales en que incurrieron tanto los funcionarios públicos, como los empresarios privados, los cuales permitieron la ejecución de proyectos dentro de la franja ribereña intangible de la Costa Verde, en Barranco.
“Esperamos se reconozca la intangibilidad de toda el área de la franja ribereña de 50 metros y se ordene la paralización o demolición de las obras ya ejecutadas y por ejecutarse”, dijo José Antonio Ayulo, presidente de Siempre para Barranco, asociación civil que ha interpuesto una demanda ante el Juzgado Civil 66 de Lima.
Se espera que el juez fije audiencia pública a más tardar en abril, informó el doctor Aldo Zela, abogado de la asociación que ve el caso.
En tanto, aseguró Ayulo, se velará porque la nueva administración edilicia prohíba el uso del espacio público indebido en todo el distrito.
EL DATO: Informe administrativoLa Contraloría General de la República realiza un informe administrativo en la Municipalidad de Barranco. Se busca definir mecanismos para evitar que se repitan las irregularidades cometidas por ese concejo en la concesión a terceros.