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Sesiones de concejo en Lima a puertas cerradas

  • Ex regidor metropolitano sostiene que se trata de una mala costumbre de Castañeda.

COSTUMBRES. El ex regidor de Lima Augusto Ortiz de Zevallos opinó que era una”costumbre” de Castañeda trabajar a puertas cerradas. “Cuando se debatió el tema de Barranco, solo se dejó ingresar a los vecinos que estaban a favor de las construcciones en las playas. Hay una tendencia reiterada de la gestión de Castañeda a no informar y a no asistir a las sesiones. Esperemos que cambie”, señaló Ortiz de Zevallos. Perú.21

La Costa Verde se fue de plan

Estas obras que se quieren terminar corriendo, además de ser un desastre estético y ambiental, son un desastre ético y ciudadano. Y agreden a los bañistas, pese a haberse dado la palabra de que se van a parar (todos se lo oímos al alcalde Castañeda, así como a Del Pomar). Cuentos.
Las obras son también ilegales por hacerse en verano, contraviniendo ordenanzas metropolitanas y una penosa parodia de la fe pública. Y violan la misma ley y el mismo plan de la Costa Verde, cuyo amparo invocan. Cojudeos.
Trataré de ser objetivo más allá de la indignación legítima que comparto con muchos que apoyan y suman a lo que aquí se publicó a doble página en octubre y, nuevamente, en enero, moviendo a prensa, líderes de opinión y políticos.
En el Plan Maestro de la Costa Verde al establecer la Imagen-Objetivo se dice que todo desarrollo (cito textual) ” .debe estar integrado al área urbana metropolitana y brindar a su población facilidades.”, “. debe haber estrictos criterios de respeto al orden ecológico. óptimas condiciones de salubridad.”. Y al precisar los Objetivos Generales establece mantenimiento del uso irrestricto de sus playas “para fines de recreación pública y masiva”, ” recuperación y preservación de su paisaje natural y medio ecológico, revirtiendo los procesos de contaminación de su mar, playas y acantilados”.
Aquí hacen todo lo contrario. Desintegran el litoral, no se dirigen a la población sino que le quitan lo que tenía, atentan contra la ecología, generan restricciones graves de uso, niegan la recreación pública y masiva, y agudizan la contaminación. Todo al revés.
Además, si contrastamos los proyectos en obras con los planos que explican el llamado plan, las contradicciones son obvias. En el plan, tanto en planos de planta general como de secciones transversales, la costa se organiza a partir de acantilados.
Y esto es así porque solamente con ellos es que se puede ganar las áreas de playas abiertas que son obligatorias, ya que el plan y la ley hablan de “.la franja intangible de 50 metros de uso público irrestricto, de acuerdo con el artículo 21 del reglamento de ley No 26306” .
Es elemental entender que, ya que hay menos espacio que esos 50 metros mínimos de ley, toda obra solamente podrá hacerse a partir del acondicionamiento territorial de los espigones.
Solamente habrá 50 metros si hay espigones y, por lo tanto, solamente se puede concesionar después de que haya espigones. Resulta írrito concesionar sin esta obligación, como se ha hecho.
Además, los espigones no se hacen de uno en uno porque no sirven para nada. El manejo de las fuerzas del mar requiere de seriedad y no de temeridad e irresponsabilidad, pues todo cambio genera desplazamientos y puede socavar otras áreas, por lo cual lo que hay que hacer es un acondicionamiento territorial del conjunto. Nada de esto está ni se prevé, sino que se ha hecho este remate apurado que pondrá en riesgo de inundación recintos y usuarios. ¿Defensa Civil ha opinado?
Peor aun, se ha dado certificados de compatibilidad a pesar del flagrante incumplimiento. Y es así que, pese a que en el proyecto del restaurante de cinco tenedores-discoteca-centro de recepciones, el informe técnico de la Autoridad Autónoma constata que el proyecto no presenta malecón debiendo hacerlo, y que para hacerlo sería necesario ganar terrenos al mar, además de que tampoco cumple con la sección vial; el citado informe solamente recomienda que el espigón forme parte, llegando a decir que “se trata de la estructura que le permitirá ganar terreno al mar.”.
Cómo así lo indispensable solamente es materia de recomendación. Cómo se valida lo que contraviene expresamente la norma que generaría derecho.
Creí, y así me fue dicho, que la autoridad había sido sorprendida, pero no se hace nada pese a estos abusos.
En este desastre, todos somos ciudadanos sin ciudadanía, pues hacen con nuestra ciudad en su litoral lo que les da la gana, contra la ley, la inteligencia, la información y la seriedad más elementales. Debe detenerse la obra y reformularse todo el proceso.
La Autoridad Autónoma de la Costa Verde y el alcalde de Lima, ante el clamor ciudadano, tienen su última oportunidad hoy mismo.

En opinión del arquitecto y urbanista, el litoral de la Costa Verde está en remate sin información ni consulta a los ciudadanos, y con la anuencia y promoción de los alcaldes.

El litoral no son lotes privados
Un feo bloque de hasta tres pisos ya se puede ver detrás de un cerco plástico de centenares de metros en Barranco, al lado de la bajada de Armendáriz en el litoral. Se suma así a un largo tramo ciego (restaurante, comandancia de policía.) y patentiza la amenaza de que los ciudadanos de Lima nos quedemos casi sin playa y sin la vista al mar que siempre tuvimos, sin recursos y derechos que son públicos y que, ahora, entre confusas explicaciones, servirán para rentabilizar algunos negocios privados.
Lo privado entendido como anulación de lo público, y no como aliado, a contracorriente de las recetas de éxito en todas partes (Puerto Madero en Buenos Aires, el malecón en Guayaquil, el frente del mar y las playas recuperadas en Barcelona, el río Mapocho en Santiago, las playas de Río). Como enclaves para esa limeña y cortesana exclusión social, como tantas discotecas cuyo inaceptable olor a apartheid tiene la coartada de lo privado.
Y, además, sin calidad ni pertinencia estéticas, como banales eventos exhibicionistas. Pues hay arquitecturas para costa, y estas no las son. No se han enterado de que hay cómo conseguir trasparencias y diálogos con el paisaje, y trasladan al mar la banalidad de lo puramente comercial y suburbano. En una ciudad que tuvo tan buena arquitectura costera y tanto valor grato en lo público (La Punta, La Herradura, los baños de Miraflores y Barranco). Que tuvo parques, malecones, espacios públicos.
Pero, claro, se necesita valorar lo público, lo de todos. Y eso hoy, tristemente, parece pedir demasiado. Cada uno a la suya; lo de todos es de nadie o del primero que se lo agarre, con o sin derecho, con o sin explicaciones.
Entonces, el litoral está en remate, al parecer. Sin información ni consulta elementales a los ciudadanos a la medida de una decisión de tal significado. Y con anuencia y promoción casi comercial por autoridades distritales elegidas cuya primera misión debería ser representar a esos ciudadanos y cuidar sus bienes y patrimonio, físico y ambiental. Y lo grave es que todo está alentado por funcionarios que responden a la confianza del alcalde metropolitano. Y que no han informado oportunamente al Concejo pese a requerimientos reiterados, sino cuando ya se trata de hechos consumados.
Esto se hace y pretexta revalidando que lo que ya pasó antes estuvo bien y que así se hace ciudad. Que lo que pudo ser mal decidido hace más de diez años, en plena grave crisis económica, cuando además teníamos un Estado colapsado y no había inversionistas ni ahorros, obliga y debe seguir hoy, pese a que los proyectos sean erróneos y sus derechos ya no rigen.
Recordemos que hace unos diez años se entregó en remate suelo público para proyectos tan absurdos y poco responsables en su urbanismo como el hasta hoy inutilizable Estadio Monumental de la “U”, que pese a su enorme inversión y a la confianza e ilusión que le pusieron los hinchas, puede servir, aunque con congestiones de tráfico, para conciertos de Floricienta pero no para partidos importantes de fútbol, porque el proyecto se hizo sin atender al hecho elemental de que no hay estadio en el mundo que no comience por diseñarse en función de accesos y evacuaciones. Y, en el Monumental, las barras contrarias tienen que ser de patas porque todos entran y salen juntos, delante de barrios cuyas ventanas renuevan sus vidrios cíclicamente.
O cuando se edificaron en el litoral artefactos como ese búnker de nombre Costa Linda. Y se decidió desaparecer La Herradura y el Morro Solar, bombardeándolos de edificios. De entonces data un mal llamado Plan de la Costa Verde, que ni es verde, ni es plan, ni trata el tema de la costa.
Pues es principalmente una simple lotización. No propone un esquema de conjunto, no establece lineamientos para manejar la línea de marea y extender las playas, no tiene una pauta vial clara; tampoco conceptos de accesibilidad o medio ambiente, y no garantiza que no se repita varias veces el descalabro que significó el empedramiento de La Herradura, por una acción aislada que desmontó el equilibrio natural.
A la autoridad de la costa parece no interesarle ni competerle que nuestra llamada Costa Verde en la realidad es o marrón o color asfalto y que en ella no hay ni malecones, ni veredas, ni árboles, ni iluminación, ni paraderos, ni normas, ni seguridad, ni escaleras en buen estado, ni señalética, ni actividades. Ni plan.
Y ahora no habrá nada de todo lo anterior, pero sí algunos negocios que se quedarán veinte años tapando el mar.
Cuando se informó al Concejo de Lima que se constituía la autoridad de la Costa Verde, pedimos que la primera e imprescindible tarea debía ser cambiar ese plan de lotización por uno de desarrollo y establecer una nueva visión y una propuesta actual.
E informarlo al Concejo Metropolitano y a la sociedad. Y es por la prensa que se da cuenta de que, por presuntas insuficiencias económicas y falta de aportes distritales, esta tarea elemental y previa de un plan actual no se ha hecho. Pero ya se entregó suelo público y suponemos que licencias, ya que hay obras. Y se ha entregado derechos (si es que los hay, ya que importantes juristas lo cuestionan) por nada menos que veinte años. Lo cual impedirá ordenar la costa cuando haya un plan serio, que se dice que ya viene pero no se hace. Y así no hay quien apoye el indispensable plan del litoral, pues solo será un tardío inventario de despropósitos e improvisaciones con las elecciones cerca.
Una generación tendrá ante sus ojos, en vez de ese mar de todas las generaciones anteriores, estas piezas mediocres de ningún rompecabezas. Pero para vendernos esto hay un folleto municipal barranquino que nos ofrece un Miami de tercera categoría como futuro, abundando en cuentos como que las playas seguirán abiertas y todos seremos felices viendo cómo se bañan, cómo pasean en bote de vela y cómo consumen quienes libremente disfrutan de locales de cinco y cuatro tenedores.
Un Barranco que mandaría a Martín Adán al asilo, que no sabe quién diablos fue ese tal poeta José María Eguren ni cuál es la gracia de la Bajada, del puente de Chabuca, del funicular o de la ermita. Un Barranco “para gente como uno”, hermanada en el espacio del litoral a esos inefables delfines, a esos chorritos iluminados de agua color chicle de menta que han convertido un puente en torta y a esas estatuas tan aeropuerto de Miami que en Chorrillos dan la hora y seducen novias.
Y hay también un video municipal, esta vez de la autoridad metropolitana, que nos ofrece una Costa Verde modelo ya no ya. Torres de departamentos de lujo dan el inicio de una desafinada sinfonía en género huachafo exquisito, superando los anteriores logros de esta ciudad que inventó la palabra. Los acantilados brillarán, y a lo largo, como gemas de ónix, habrá de todo como en botica, dejando ver de vez en cuando el mar. Restaurantes de lujo, exclusivas canchas deportivas, espigones donde tomarse fotos y, seguramente, muchísimos guachimanes uniformados de esos de discotecas.
Y por si faltase quién lo promueva ahora, se suma a su elogio una novísima Facultad de Arquitectura que ha convertido este tema en su manifiesto neoliberal, y en páginas enteras de periódico anuncia que va a formar arquitectos que sean verdaderos negociantes, y que conviertan ese viejo litoral de todos en complejos hoteleros para los que tengan plata.
Ante esta pesadilla prometida con entusiasmo, y ante el absurdo de que el Concejo Metropolitano no tiene vela en este entierro (ni en ninguno), lo deseable sería que nuestras autoridades con poder asuman su responsabilidad y no la transfieran si va a servir para recalentar esperpentos. Y que esto se detenga y reordene desde la Alcaldía, como cuando Andrade detuvo el despropósito mafioso de la Luchetti, que tantos defensores y ambivalencias tuvo en su tiempo, aunque ahora muchos lo olviden.
La metrópoli, en la persona y autoridad del alcalde Luis Castañeda, cuya voz no se ha oído, y cuyo sentido de responsabilidad la ciudadanía aprecia y reconoce, debe defender otra idea y otro tipo de responsabilidad con un bien público irrenunciable, el litoral, que se debe desarrollar con plan y proyectos que merezcan ese nombre, donde lo público sí se valore y defienda, y no con estas improvisaciones. Es exactamente el caso de las escaleras que Castañeda ha desarrollado, que dignifican, revaloran y consolidan el espacio público. Y sentido de solidaridad, de lo que es y debe ser de todos. Y eso es el litoral, cuyo abandono por culpas municipales compartidas no justifica sacarlo a remate. Y menos tan barato y tan mal.
Además de ser un error de ética y de estética, lo es de sentido empresarial. Recuperar el valor de lo público, además de generar ciudadanía y dar seguridad, es también la base para multiplicar mejores negocios privados, que lo son cuando se alían con lo público y no cuando conspiran contra los derechos de todos, fabricando chiringuitos oportunistas.
El espacio público es eso que dice su nombre y no una mercancía de cambio y libre disposición. Nuestro litoral no son lotes.

Denuncias sobre irregularidades avanzan a paso lento

Las irregularidades encontradas por la Contraloría General de la República en el proceso de adjudicación de las concesiones otorgadas por la administración del otrora alcalde de Barranco, Martín del Pomar, en favor de empresas privadas, aún no son resueltas por el Poder Judicial.
En el Ministerio Público y el Poder Judicial, organismos que ahora tienen la tarea de una efectiva administración de la justicia, el proceso avanza a paso lento.
La intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial ha de determinar las responsabilidades penales en que incurrieron tanto los funcionarios públicos, como los empresarios privados, los cuales permitieron la ejecución de proyectos dentro de la franja ribereña intangible de la Costa Verde, en Barranco.
“Esperamos se reconozca la intangibilidad de toda el área de la franja ribereña de 50 metros y se ordene la paralización o demolición de las obras ya ejecutadas y por ejecutarse”, dijo José Antonio Ayulo, presidente de Siempre para Barranco, asociación civil que ha interpuesto una demanda ante el Juzgado Civil 66 de Lima.
Se espera que el juez fije audiencia pública a más tardar en abril, informó el doctor Aldo Zela, abogado de la asociación que ve el caso.
En tanto, aseguró Ayulo, se velará porque la nueva administración edilicia prohíba el uso del espacio público indebido en todo el distrito.
EL DATO: Informe administrativoLa Contraloría General de la República realiza un informe administrativo en la Municipalidad de Barranco. Se busca definir mecanismos para evitar que se repitan las irregularidades cometidas por ese concejo en la concesión a terceros.

Tradicionales playas de Barranco lucen recortadas y sin servicios

COMPLEJO DEPORTIVO. El malecón de uso público es utilizado también por Sport Point.
Obras construidas en franja intangible reducen el espacio de uso público. Municipalidad será declarada en situación de urgencia por 180 días
Por Andrea Castillo Calderón
Basta cruzar el tradicional puente de la Bajada de Baños para comprobar que el paisaje en las tradicionales playas de Barranco ha cambiado. Las Cascadas, Barranquito y Los Yuyos no son más las mismas: el espacio para el uso público se ha reducido para dar paso a instalaciones modernas: dos restaurantes (Rústica y Cala), un complejo deportivo con cancha sintética (Punto Blanco) y un espigón a medio hacer (lo que será el Marina Club de Lima), dominan ahora el panorama.
Vale recordar que la administración edilicia de Martín del Pomar y sus funcionarios interpretaron las normas vigentes a su mejor parecer y suscribieron contratos de concesión con empresas privadas, cuyas consecuencias ya son evidentes porque invaden la franja intangible de 50 metros que por seguridad debe haber entre la línea de máxima marea y el paseo peatonal. Pero esta no fue la única irregularidad confirmada por la contraloría, que luego de investigar en documentos de 1993 a 2006, terminó por formular tres denuncias ante el Ministerio Público. La Marina de Guerra de Perú hizo lo propio y también los vecinos.
Sin embargo, las nuevas instalaciones funcionan como si nada hubiera pasado. Para Inés Cruz, una bañista que viene de San Martín de Porres, las autoridades municipales debieron preocuparse por invertir en seguridad y servicios. “Hay menos playa pero muchos rateros. Para bañarse hay que turnarse, de lo contrario, tus pertenencias desaparecen. Tampoco hay agua en los grifos”, dice.
Quienes también lamentan los efectos de las concesiones privadas son los vendedores ambulantes. “Estas obras son un perjuicio. Apenas queda espacio para los veraneantes y cuando sube la marea, la playa desaparece. ¡Mire lo que han dejado!”, se queja don Juan Palacios, un vendedor de helados que en 15 años de trabajo conoce bien la sinuosa franja ribereña del balneario.
En la playa Barranquito los restos de desmonte de la construcción del restaurante Cala dificultan el acceso del público al mar. En la playa Las Cascadas, el panorama no es mejor. La única rampa habilitada por la empresa que administra el complejo deportivo Sport Point resulta un reto para el equilibrio. Y en la playa Barranquito el recorte de playa sin duda resulta escandaloso.
En Los Yuyos, el problema no solo será de acceso a la playa. El espigón del futuro Lima Marina Club moviliza a los pescadores. “Todo el ecosistema de pesca va a cambiar”, advierte Jorge Ruiz Ramos, secretario general del Sindicato de Pescadores de Chorrillos, quien reclama un estudio de impacto ambiental imparcial.
En tanto, para el nuevo alcalde de Barranco, Antonio Mezarina Tong, la prioridad es ordenar la casa. Por eso prevé declarar la municipalidad en situación de urgencia por 180 días y analizar los proyectos de concesión otorgados por la anterior gestión para dar cuenta a los vecinos y hallar una solución. “No debe haber más concesiones, no estoy de acuerdo como vecino ni como alcalde. Todo debe ser de acuerdo con la ley. La etapa en que esta no se respetaba en Barranco ha terminado”, dijo. Ver para creer.